LOS "SABIOS" EXIGEN UNA REFORMA URGENTE PARA SALVAR LA UNIÓN EUROPERA Por Andreu Missé
Bruselas - El País 08/05/2010.-
La Unión Europea debe refundarse y aplicar medidas radicales para salvar el sueño gestado tras la II Guerra Mundial. Esta es la conclusión del informe que el Grupo de Reflexión sobre el futuro europeo, presidido por Felipe González, hará público hoy. El momento no puede ser más crucial. Con un Tratado de Lisboa que no ha servido para dinamizar las instituciones, cada vez más relegada en la escena internacional, sacudida por la recesión mundial y amenazada por la crisis griega, la Unión Europea atraviesa su peor momento.
Y el llamado grupo de sabios, constituido en diciembre de 2007 por una docena de personalidades, es contundente. El informe de 34 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, concluye que Europa no puede prescindir de la energía nuclear, debe dar entrada a Turquía, renunciar a las jubilaciones anticipadas, cambiar la política migratoria para potenciar la inmigración cualificada, impulsar de forma decisiva la investigación científica y tecnológica... Las reformas tienen que ser urgentes y profundas.
"Nuestras conclusiones no son tranquilizadoras ni para la Unión ni para los ciudadanos", advierte el documento, que describe el panorama sin concesiones: "Crisis económica global, Estados yendo a salvar a sus bancos, envejecimiento de las poblaciones que amenazan la competitividad de nuestras economías y la sostenibilidad de nuestro modelo social, presiones a la baja en costes y salarios, desafíos por el cambio climático, creciente dependencia energética, cambio hacia el Este en la distribución global de la producción y el ahorro". "Y por encima de todo esto", añade, "las amenazas del terrorismo, crimen organizado y proliferación de armas de destrucción masiva planean sobre nosotros".
En síntesis: "Por primera vez en la reciente historia de Europa existe el temor generalizado de que los niños de hoy tendrán una situación menos acomodada que la generación de sus padres". "Hoy", añade el informe, "vivimos en una época de inseguridad".
Los expertos, sin embargo, creen que Europa puede tener una respuesta positiva para todos estos retos. Todo dependerá de la capacidad de la UE "para asegurar un crecimiento sólido y una cohesión interna dentro de la Unión".
Los desafíos actuales, sostiene el informe, exigen que el modelo social de mercado "sea redefinido y adaptado al contexto cambiante". Es cierto que ese modelo "ayudó a transformar Europa, después de la II Guerra Mundial, en un área de poderosas industrias y servicios con un fuerte potencial de creación de empleo, que a su vez permitió un justo sistema de protección social". Era el "círculo virtuoso que unía responsabilidad y competitividad".
Pero durante las últimas dos décadas, Europa ha perdido terreno frente a sus principales competidores en lo relativo al crecimiento, la generación de empleo y la posibilidad de mejorar sus estándares de vida. Por otra parte, el consenso entre la dimensión social y el mercado se ha visto "desprestigiado en la medida en que las desigualdades han aumentado". Para muchos europeos la exclusión y las deficientes condiciones de trabajo son todavía una realidad.
La tesis central del informe es que "la respuesta a este problema no es poner fin a las reformas económicas. Sino que, por el contrario, un renovado énfasis en aumentar la eficiencia económica necesita ir de la mano de nuevas políticas sociales". En otras palabras: "La sostenibilidad del modelo económico y social europeo dependerá de nuestra capacidad de restaurar un equilibrio dinámico entre las dimensiones del desarrollo económico, social y medioambiental".
El trabajo adopta una perspectiva muy realista de la situación de desventaja en la que está cayendo Europa, tanto desde un punto de vista económico como desde la perspectiva de su influencia mundial. "Con un crecimiento más lento que sus principales competidores, la parte europea está inevitablemente declinando". Y se prevé que en 2030 "Asia esté en la vanguardia del desarrollo científico y tecnológico".
Uno de los desafíos más inquietantes es la relación entre Europa y sus ciudadanos, que hasta ahora se ha caracterizado por "un consenso pasivo". La situación ha cambiado mucho y ahora "los europeos cada vez demandan más a la Unión Europea, son muy críticos con sus resultados y expresan dudas sobre la legitimidad del proyecto europeo". El equipo dirigido por Felipe González exige "actualizar el pacto entre la Unión Europea y sus ciudadanos haciendo uso pleno de las herramientas proporcionadas por el Tratado de Lisboa para reactivar la participación y apoyo público".
Para aumentar el sentimiento de pertenencia al proyecto europeo se propone el desarrollo de los derechos políticos. El informe sugiere que los Estados miembros deberían conceder derechos de voto en sus procesos electorales a los nacionales de otros Estados miembros, después de un cierto periodo de residencia y de pago de impuestos. En la misma línea propone introducir listas transfronterizas en las elecciones al Parlamento Europeo.
El documento reconoce que hasta ahora las elecciones europeas, que registran niveles de participación cada vez más bajos, no han logrado suscitar el interés de los ciudadanos. Y considera que "los ciudadanos deben tener un conocimiento mayor de las políticas europeas y sobre todo poder identificarse con los políticos europeos". En concreto, propone que para las futuras elecciones "los partidos políticos europeos deberían presentar verdaderos programas europeos y elegir a los candidatos para el puesto del presidente de la Comisión".
Con el mismo fin de reforzar ese sentimiento de pertenencia de los ciudadanos a Europa, se insiste en la necesidad de aumentar la "publicidad y transparencia" del trabajo de las instituciones y de las decisiones políticas importantes, como fueron los nombramientos del presidente permanente del Consejo Europeo y de la Alta Representante. De manera específica se hace un llamamiento al uso "sistemático de los recursos digitales (e-governance)".
También se recomienda "reforzar los servicios de información proporcionados por las autoridades locales para aumentar la conciencia pública de los derechos y beneficios que comporta la ciudadanía europea". De la misma manera, se sugiere "un instrumento administrativo", como un carné, que "podría ser prueba de la ciudadanía europea y ser usado de manera voluntaria para acceder a los derechos de residencia, empleo y Seguridad Social".
La creación del Grupo de Reflexión fue una iniciativa del Consejo Europeo de diciembre de 2007, cuando era presidido por Nicolas Sarkozy. Junto al presidente González, hay dos vicepresidentes: Vaira Vike-Freiberga, ex presidenta de Letonia, y Jorma Ollila, ex presidente ejecutivo de Nokia. Completan el grupo otras nueve personalidades, entre ellos, Lech Walesa, histórico líder sindical anticomunista polaco, o el italiano Mario Monti, ex comisario de Competencia. El grupo comenzó sus trabajos a finales de 2008, y en este año y medio de trabajo, los 12 sabios han mantenido 15 reuniones y escuchado la opinión de políticos e intelectuales como Jacques Delors, Pascal Lamy, Alain Lamassoure, Jean Pisani, Peter Sutherland o Antonio Vitorino.
"Nuestras conclusiones no son tranquilizadoras ni para la Unión ni para los ciudadanos", advierte el documento, que describe el panorama sin concesiones: "Crisis económica global, Estados yendo a salvar a sus bancos, envejecimiento de las poblaciones que amenazan la competitividad de nuestras economías y la sostenibilidad de nuestro modelo social, presiones a la baja en costes y salarios, desafíos por el cambio climático, creciente dependencia energética, cambio hacia el Este en la distribución global de la producción y el ahorro". "Y por encima de todo esto", añade, "las amenazas del terrorismo, crimen organizado y proliferación de armas de destrucción masiva planean sobre nosotros".
En síntesis: "Por primera vez en la reciente historia de Europa existe el temor generalizado de que los niños de hoy tendrán una situación menos acomodada que la generación de sus padres". "Hoy", añade el informe, "vivimos en una época de inseguridad".
Los expertos, sin embargo, creen que Europa puede tener una respuesta positiva para todos estos retos. Todo dependerá de la capacidad de la UE "para asegurar un crecimiento sólido y una cohesión interna dentro de la Unión".
Los desafíos actuales, sostiene el informe, exigen que el modelo social de mercado "sea redefinido y adaptado al contexto cambiante". Es cierto que ese modelo "ayudó a transformar Europa, después de la II Guerra Mundial, en un área de poderosas industrias y servicios con un fuerte potencial de creación de empleo, que a su vez permitió un justo sistema de protección social". Era el "círculo virtuoso que unía responsabilidad y competitividad".
Pero durante las últimas dos décadas, Europa ha perdido terreno frente a sus principales competidores en lo relativo al crecimiento, la generación de empleo y la posibilidad de mejorar sus estándares de vida. Por otra parte, el consenso entre la dimensión social y el mercado se ha visto "desprestigiado en la medida en que las desigualdades han aumentado". Para muchos europeos la exclusión y las deficientes condiciones de trabajo son todavía una realidad.
La tesis central del informe es que "la respuesta a este problema no es poner fin a las reformas económicas. Sino que, por el contrario, un renovado énfasis en aumentar la eficiencia económica necesita ir de la mano de nuevas políticas sociales". En otras palabras: "La sostenibilidad del modelo económico y social europeo dependerá de nuestra capacidad de restaurar un equilibrio dinámico entre las dimensiones del desarrollo económico, social y medioambiental".
El trabajo adopta una perspectiva muy realista de la situación de desventaja en la que está cayendo Europa, tanto desde un punto de vista económico como desde la perspectiva de su influencia mundial. "Con un crecimiento más lento que sus principales competidores, la parte europea está inevitablemente declinando". Y se prevé que en 2030 "Asia esté en la vanguardia del desarrollo científico y tecnológico".
Uno de los desafíos más inquietantes es la relación entre Europa y sus ciudadanos, que hasta ahora se ha caracterizado por "un consenso pasivo". La situación ha cambiado mucho y ahora "los europeos cada vez demandan más a la Unión Europea, son muy críticos con sus resultados y expresan dudas sobre la legitimidad del proyecto europeo". El equipo dirigido por Felipe González exige "actualizar el pacto entre la Unión Europea y sus ciudadanos haciendo uso pleno de las herramientas proporcionadas por el Tratado de Lisboa para reactivar la participación y apoyo público".
Para aumentar el sentimiento de pertenencia al proyecto europeo se propone el desarrollo de los derechos políticos. El informe sugiere que los Estados miembros deberían conceder derechos de voto en sus procesos electorales a los nacionales de otros Estados miembros, después de un cierto periodo de residencia y de pago de impuestos. En la misma línea propone introducir listas transfronterizas en las elecciones al Parlamento Europeo.
El documento reconoce que hasta ahora las elecciones europeas, que registran niveles de participación cada vez más bajos, no han logrado suscitar el interés de los ciudadanos. Y considera que "los ciudadanos deben tener un conocimiento mayor de las políticas europeas y sobre todo poder identificarse con los políticos europeos". En concreto, propone que para las futuras elecciones "los partidos políticos europeos deberían presentar verdaderos programas europeos y elegir a los candidatos para el puesto del presidente de la Comisión".
Con el mismo fin de reforzar ese sentimiento de pertenencia de los ciudadanos a Europa, se insiste en la necesidad de aumentar la "publicidad y transparencia" del trabajo de las instituciones y de las decisiones políticas importantes, como fueron los nombramientos del presidente permanente del Consejo Europeo y de la Alta Representante. De manera específica se hace un llamamiento al uso "sistemático de los recursos digitales (e-governance)".
También se recomienda "reforzar los servicios de información proporcionados por las autoridades locales para aumentar la conciencia pública de los derechos y beneficios que comporta la ciudadanía europea". De la misma manera, se sugiere "un instrumento administrativo", como un carné, que "podría ser prueba de la ciudadanía europea y ser usado de manera voluntaria para acceder a los derechos de residencia, empleo y Seguridad Social".
La creación del Grupo de Reflexión fue una iniciativa del Consejo Europeo de diciembre de 2007, cuando era presidido por Nicolas Sarkozy. Junto al presidente González, hay dos vicepresidentes: Vaira Vike-Freiberga, ex presidenta de Letonia, y Jorma Ollila, ex presidente ejecutivo de Nokia. Completan el grupo otras nueve personalidades, entre ellos, Lech Walesa, histórico líder sindical anticomunista polaco, o el italiano Mario Monti, ex comisario de Competencia. El grupo comenzó sus trabajos a finales de 2008, y en este año y medio de trabajo, los 12 sabios han mantenido 15 reuniones y escuchado la opinión de políticos e intelectuales como Jacques Delors, Pascal Lamy, Alain Lamassoure, Jean Pisani, Peter Sutherland o Antonio Vitorino.
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