WASHINGTON (EFE).- Un tribunal en España ha dado los primeros pasos para la apertura de una investigación criminal de seis ex funcionarios en el gobierno del presidente George W. Bush por su responsabilidad en violaciones de los derechos humanos, afirmó hoy el diario The New York Times.
En un artículo fechado en Londres, el diario señaló que el juez Baltasar Garzón envió a la fiscalía el expediente de un posible proceso contra el ex secretario de Justicia, Alberto González, y otros ex funcionarios estadounidenses.
Estos ex funcionarios supuestamente "violaron la ley internacional cuando proveyeron el marco legal que justificó la tortura de prisioneros" en el centro de detención en la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba).El diario citó como fuente de su información a "un funcionario allegado al caso" quien dijo que es "muy probable" que la causa progrese y lleve a órdenes de arresto.
"La acción representa un paso hacia la determinación de la responsabilidad legal de quienes fueron funcionarios de alta jerarquía en el gobierno de Bush, acusados por torturas y maltrato de prisioneros en la campaña contra el terrorismo", continúa el artículo."Pero algunos expertos estadounidenses señalaron que aún si se extendieran órdenes de arresto su significado sería más simbólico que práctico, y que es casi seguro que las órdenes no llevarían al arresto si estos (ex) funcionarios no salen de Estados Unidos", agregó.
Entre los supuesto involucrados en la causa se cuenta John Yoo, un ex abogado del Departamento de Justicia que escribió opiniones legales según las cuales el presidente tiene autoridad para eludir las Convenciones de Ginebra sobre el tratamiento de prisioneros de guerra.
El diario recordó que Garzón "se ha hecho una reputación internacional porque ha llevado adelante casos muy prominentes contra violadores de los derechos humanos y contra redes terroristas internacionales como Al Qaeda".
El Times señaló que obtuvo una copia de la demanda, de 98 páginas, que fue preparada por abogados españoles "con la ayuda de expertos en Estados Unidos y Europa y la presentó la Asociación por la Dignidad de los Prisioneros, un grupo de derechos humanos en España.
La Corte Nacional de Madrid asignó el caso a Garzón y "el hecho de que éste lo haya aceptado y lo haya remitido a la fiscalía hacen muy probable que se lleve adelante una investigación" según la fuente de The New York Times.
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